Destacado: El poder de las ciudades

Este es un ejemplo de cómo las ciudades tienen un enorme potencial de poder para mejorar la salud del ecosistema de internet. En este caso, fue en beneficio de niños y educadores de Nueva York, y también de las personas en todo el mundo. Cuando los consumidores se ven en dificultades para persuadir a las grandes corporaciones de hacer algo que perciben como contrario a sus intereses de negocios, un contrato de adquisición de un millón de dólares y un compromiso para servir los intereses del público puede ser útiles.

Más de la mitad de las personas del mundo vive ahora en ciudades, y para 2050 se espera que ese número aumente a 68 %. Es en las ciudades donde se concentran la riqueza y el poder en la mayoría de países, y también donde se dan a conocer y se ponen a prueba en comunidades muchas iniciativas tecnológicas. Lo que hoy son decisiones locales pueden tener consecuencia global en el futuro.

En 2018, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos se retractó de proteger la neutralidad en la red, se formó una red de alcaldes de ciudades que unieron su poder adquisitivo para apoyar a los proveedores de internet que siguieron defendiendo la neutralidad en la red.

“Solamente en la Ciudad de Nueva York, gastamos más de 600 millones de dólares anualmente para ofrecer servicio de internet a los trabajadores de la ciudad y para manejar los servicios de la ciudad. Así que convocamos una coalición ad hoc, que empezó con ocho ciudades, comprometida a realizar contratos con proveedores de banda ancha que cumplan los principios de neutralidad. Ahora, esta coalición tiene más de 130 ciudades”, dice Max Sevilia, director de asuntos externos de la oficina del director de tecnología de la alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

Esta historia y muchas otras están destacadas en una publicación llamada New York City Internet Health Report [Informe de la Salud de Internet de la Ciudad de Nueva York]. Su creadora, Meghan McDermott, adaptó el formato del Informe de la Salud de Internet global como parte de una asociación con Mozilla, con el fin de explorar, entre otras cosas, cómo las ciudades pueden ser grandes defensoras de los derechos digitales incentivando relaciones con las comunidades de tecnología cívica.

“El eje central de la agenda de derechos digitales es reformular cómo pensamos en la tecnología y cómo la desplegamos en las ciudades. La idea es recapturar la dignidad y el propósito de la tecnología como un bien público”, dice McDermott, quien durante años ha trabajado en la intersección de la educación y los derechos digitales ––previamente como directora de estrategia para Hive Learning Networks de Mozilla, comunidad de pares para la alfabetización digital.

Cuando se usa la internet y los dispositivos conectados a la solución de problemas en ciudades se tiende a llamarlo una iniciativa de ‘ciudad inteligente’. A menudo, son proyectos para mejorar la eficiencia energética, el transporte o un gran número de servicios gubernamentales. Por ejemplo,  basureros con sensores que alerten a las autoridades de gestión de desechos cuándo deben vaciarlos, o parquímetros que ayuden a las personas a encontrar espacios libres en calles concurridas.

Esas ideas futuristas han entusiasmado a los funcionarios ediles en todo el mundo, y el mercado global para tecnologías de ‘ciudades inteligentes’ está valuado en cientos de miles de millones de dólares y va en aumento. Pero en realidad, es también un rubro en el que los intereses corporativos y el tecnoutopianismo atraen mucho dinero –– en el que taxis voladores y helicópteros autónomos se describen como una solución a la congestión del tráfico, aunque probablemente no resuelvan nada para quienes dependen del transporte público.

Los críticos más duros dicen que la moda de las ‘ciudades inteligentes’ ha llevado a inversiones masivas en lo que esencialmente es tecnología de vigilancia disfrazada de progreso tecnológico. Tanto en ciudades ricas como pobres en recursos, hay cámaras, sensores, micrófonos y enormes contratos de adquisición de larga duración con empresas que tienen cuestionables prácticas de gestión de datos. De esta forma, con poca atención a la privacidad de datos, internet ha llegado a las ciudades de todo el mundo, para bien o para mal.

Donde algunos ven una oportunidad para reconsiderar completamente cómo las ciudades recopilan datos sobre vecindarios para mejorar servicios, otros ven falta de transparencia y una receta para la destrucción de los derechos civiles estimulada por intereses corporativos. Donde algunos ven postes de luz LED de bajo consumo que ayudan a reunir datos sobre peatones con cámaras, otros ven una trampa de vigilancia que invade la libertad en espacios públicos y pone en riesgo a poblaciones vulnerables. Una y otra vez, hay opciones de diseño que se pueden tomar en cuenta para minimizar el riesgo de abusos. Por ejemplo, ¿cuándo sería preferible para la privacidad usar un sensor térmico para recopilar datos de multitudes en vez de una cámara?

A los defensores de los derechos digitales se les ve como enemigos del progreso en esos conflictos, pero en realidad el asunto se reduce a una diferencia fundamental de opinión sobre qué intereses debe atender la tecnología, cómo sembrar innovación social y qué datos se deben usar (o no) tomando en cuenta el interés del público.

Volvamos a los sensores electrónicos en basureros. Para algunos, es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a que las ciudades funcionen con mayor eficiencia. Para otros, como Tamas Erkelens, administrador del programa de innovación de datos de la municipalidad de Ámsterdam, es evidencia de un enfoque derrochador que caracteriza a muchas innovaciones de ‘ciudades inteligentes’.

“No necesitaríamos sensores en cada basurero si las ciudades pudieran tener datos de Google Maps para ver dónde están las concentraciones de gente”, dice Erkelens. “Saber donde se reúnen las personas es un indicador suficientemente bueno de dónde es probable que haya más basura. Entonces, podemos usar los sensores para capacitar a los modelos, en vez de tener máquinas que creen nuevos datos con baterías que hay que cambiar”, dice.

Muchos gobiernos ediles y defensores de datos abiertos en todo el mundo miran con envidia la riqueza de datos que ostentan empresas como Google, Uber, Apple y Airbnb sabiendo que los podrían ayudar a entender temas cruciales sobre el tráfico, la vivienda y el empleo. En 2018, Open Data Institute del Reino Unido publicó un informe que sugiere que se debería obligar a las empresas que hacen mapas de datos a compartir datos geoespaciales con empresas rivales y el sector público para impedir que se formen “monopolios de datos” y para crear mejores oportunidades para la innovación.

Algunas empresas comparten datos agregados con planificadores urbanos, incluido Uber, pero las ciudades también se están volviendo más inteligentes al solicitar cosas, como el uso de datos de patinetas eléctricas por adelantado como condición para hacer negocios. La ciudad de Barcelona es una de las pocas ciudades que operan bajo el principio de que todos los datos recopilados en espacios públios dentro del área de responsabilidad del Gobierno local deben estar disponibles en una plataforma de datos comunes. Erkelens dice que Ámsterdam usa su presupuesto anual de adquisiciones de 2 100 millones de euros para también ayudar a garantizar buenos términos de privacidad de datos; y que Barcelona y Ámsterdam juntas están probando con socios en la Unión Europea el desarrollo de nuevas tecnologías que además den a los ciudadanos un control más directo sobre sus propios datos.

En la Exposición Mundial de Ciudades Inteligentes en Barcelona de noviembre de 2018, los principales funcionarios de tecnología de Ámsterdam, Barcelona y Nueva York lanzaron la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales en asociación con UN-Habitat, programa de las Naciones Unidas para apoyar el desarrollo urbano. Las ciudades que se unen a la coalición aceptan una declaración de apenas cinco principios que se centran en el respeto a la privacidad y derechos humanos en el uso de internet. Se comprometieron a hacer que cien ciudades se unieran en cien días (antes de julio), y hasta ahora se han unido 35 ciudades. Las declaraciones pueden ir y venir, pero estas ciudades buscan sembrar las bases de un movimiento en el que las ciudades sean abanderadas de los derechos digitales. Trabajando juntas e instituyendo buenas prácticas intentarán ganar una carrera contra el progreso tecnológico que no se centra en principios de dignidad humana e inclusividad.

A pesar de las sólidas posturas adoptadas en Nueva York, Barcelona y Ámsterdam, quienes trabajan en derechos digitales a nivel ciudades, describen una dura batalla de cambio cultural al interior de algunas secciones de instituciones tradicionales con múltiples agencias e intereses diversos. Crear las políticas y procesos con los cuales todas las agencias pueden tomar mejores decisiones sobre privacidad, datos y transparencia ––y revelar partes claves del trabajo a la sociedad civil–– es una parte fundamental del desafío.

Aquí es donde la comunidad de tecnología cívica ha florecido en innumerables ciudades. Diversos grupos de startups de interés público, estudiantes técnicos, funcionarios y ciudadanos comprometidos se agrupan para hackear la burocracia y los códigos en un intento de hacer que las ciudades sean más receptivas con sus habitantes. Trabajan desde adentro con socios con buena disposición, y desde afuera a través de grupos de defensoría, investigación y prototipos vivos que reimaginan cómo funcionarían unos sistemas más receptivos.

En todo el mundo, las ciudades están a la vanguardia de las decisiones que afectan la salud de internet para todos. A nivel local, ya sea en comunidades rurales o urbanas, hay oportunidades de participación cívica con respecto a internet que pueden ser más directas que a nivel nacional. Deberíamos aprovechar las oportunidades para influenciar cómo se usa (o no se usa) internet en nuestras comunidades, y alentar a los funcionarios electos a ser defensores de los derechos digitales. Cuanto más comprometidos estemos localmente, más empoderadas estarán las ciudades para oponerse a políticas de internet a nivel nacional o internacional que sean contrarias a los intereses de las personas.

El desafío para las ciudades es avanzar en la adopción deliberada de herramientas digitales que fomenten valores de diversidad, inclusión y justicia que ya tienen, en vez de simplemente adoptar la última tendencia de ‘ciudad inteligente’ que haya salido.

Cuando ayudaba a facilitar conversaciones entre Amazon y la Federación Nacional de Invidentes por los libros electrónicos, Walei Sabry en Nueva York ya trabajaba en la oficina de la alcaldía para personas con discapacidad. Desde entonces también se ha convertido en el primer coordinador oficial de accesibilidad digital de la Ciudad de Nueva York. Sobre las ‘ciudades inteligentes’, dice: “Estas iniciativas pueden salir muy bien o muy mal dependiendo de quién está en la mesa – las personas con discapacidad deben intervenir en todas las etapas del proceso… porque lo que funciona para nosotros hace que los productos sean mejores para todos”.