Gravando el uso de redes sociales en África

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Foto de George Pagan III en Unsplash.

¿Cuánto pagarías a tu Gobierno por un día de mensajería de WhatsApp?

Uno tras otro, los Gobiernos de tres países en África, Uganda, Zambia y Benín anunciaron o impusieron nuevos impuestos a los clientes de internet móvil en 2018, lo que ha dejado a millones de africanos con dificultades para cubrir los costos de estar en línea. Únicamente en Benín las protestas tuvieron como resultado que el plan tributario se dejara de lado rápidamente.

Los Gobiernos han impuesto estas cargas para aumentar los ingresos públicos, y también sostienen que están protegiendo al sector local de telecomunicaciones de la competencia de empresas de internet extranjeras. Pero en la práctica, la consecuencia (intencionada o no) ha sido dejar a más personas fuera de línea, aumentar las barreras para estar en línea y limitar grandemente la libertad de expresión y acceso a la información –– así como el acceso a bienes y servicios que ahora están en línea.

Uganda impuso el primero de estos planes de impuestos en julio de 2018 que obligó a los habitantes a pagar una tasa diaria de 200 chelines (0.053 dólares) por usar cualquiera de las 58 aplicaciones de comunicación móvil “de libre transmisión» (conocidas como OTT por su nombre en inglés). Estas incluyen — pero no se limitan a — servicios de medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn; aplicaciones de mensajería instantánea y de comunicación de voz WhatsApp, Snapchat, Skype; y sitios de citas como Tinder y Grindr.

La ley en Uganda también impuso un impuesto de 1% en el uso de dinero móvil, que ahora es el método requerido para recarga de tarjetas SIM. El ugandés promedio ya gasta 15% de su ingreso mensual por 1GB de datos de banda ancha, por lo que el nuevo impuesto deja a los populares servicios de internet fuera del alcance de la mayoría.

Esto no es solamente asunto de conversar con amigos. Como sabe cualquiera en la región, WhatsApp en particular se ha vuelto una plataforma esencial para la comunicación y para difundir información en África. Millones de personas dependen de grupos de WhatsApp para dirigir empresas, comunicarse sobre asuntos locales, leer noticias y buscar ayuda en emergencias.

Para muchos ugandeses, los medios sociales como Facebook y WhatsApp son una entrada al resto de internet. En un artículo de opinión para Global Voices, la bloguera ugandesa Pru Nyamishana escribió:

“El impuesto también ignora una falta crítica de alfabetización digital, sobre todo entre los ugandeses más pobres. Cuando entrevisté a mujeres de Bwaise, un suburbio de Kampala, me enteré de que para ellas, WhatsApp y Facebook son internet. Son las únicas plataformas que saben utilizar. Por tanto, con el nuevo impuesto, tampoco las podrán usar”.

Después de seis meses de vigencia del impuesto, la Comisión de Comunicaciones de Uganda informó que las tasas nacionales de uso de internet bajaron de 47.4 % a apenas 35 %.

Tras la iniciativa de Uganda, Benín aprobó un impuesto similar en septiembre de 2018, dirigido a mensajería y llamadas de ‘Voz sobre IP’ (como Skype). El costo de un solo gigabyte de datos aumentó en casi 250%, pero fue derogado apenas días después, ante las protestas públicas.

En agosto, el Gobierno zambiano anunció una tarifa fija diaria de 30 ngwees (0.03 dólares) para llamadas de voz basadas en IP. A pesar de la resistencia de la sociedad civil y la Cámara de Comercio e Industria de Zambia, los funcionarios gubernamentales siguieron con el impuesto, con el argumento de que elevaría los ingresos públicos, respaldaría a las empresas de telecomunicaciones y ayudaría a cubrir el costo de las inversiones en infraestructura.

“Empleos como trabajadores de centro de llamadas, vendedores de tiempo de conversación, técnicos de llamadas convencionales se reducirán drásticamente si más zambianos migran a llamadas de internet y crean empleos en Estados Unidos y otros lugares”, tuiteó Dora Siliya, ministra de Servicios de Información y Transmisión de Zambia.

Aunque este razonamiento sonó vacío para muchos usuarios de internet, el argumento de Siliya es consistente con antiguas frustraciones en el continente sobre servicios OTT de propiedad extranjera que han capturado los mercados para mensajería y llamadas de voz, lo que ha cambiado el juego para los operadores nacionales de telecomunicaciones.

Los países en África no son los únicos en resentirse por cómo los datos y los modelos de negocios impulsados por publicidad de grandes empresas de tecnología llevan pocos beneficios inmediatos a economías locales, mientras enriquecen a las empresas de tecnología en Estados Unidos. Google y Facebook están ahora cada vez más en el juego de la infraestructura que afectará aún más el equilibrio de poder con telecomunicaciones. De otro lado, es un hecho que populares servicios de OTT han ayudado a aumentar el uso de internet móvil, y han permitido que las empresas locales funcionen más eficientemente. Han sido fundamentales para crear un ciclo virtuoso de crecimiento sin precedentes en uso de internet, en inversiones en red y también en ganancias de empresas de telecomunicaciones.

En una región donde los Gobiernos son conocidos por restringir la libre expresión a través de censura, bloqueos de internet, vigilancia y amenazas legales, la sociedad civil y los medios independientes también ven los planes de impuestos a las OTT como un ataque a la libertad de expresión. En otros dos casos, eso está claramente garantizado.

En abril de 2018, se aplicó en Tanzania el llamado “impuesto a los blogueros” junto con nuevas restricciones para contenido en línea, en un claro esfuerzo por limitar la expresión en línea. Dispone que blogueros, operadores de canales de YouTube y propietarios de sitios web independientes tanzanos se registren y paguen cerca de 900 dólares al año por publicar en línea.

En agosto, el Gobierno de Mozambique decretó que los periodistas individuales y los medios de comunicación que usen plataformas tradicionales y digitales ahora deben registrarse y pagar entre 500 a 3300 dólares para una licencia de acreditación que se debe renovar cada cinco años.

Impuestos como estos propagan la idea equivocada de que el acceso a internet y el uso de medios sociales son un lujo. Pero sus resultados –– como la caída del uso de internet en Uganda –– ofrecen un convincente caso práctico sobre la importancia de establecer protecciones a la neutralidad en la red. Lo que los ciudadanos han enfatizado en las protestas, y lo que los investigadores locales también han demostrado, es que el acceso a una internet realmente abierta es un beneficio para las economías locales, la educación, la salud pública y la vida en general.

¿Crees que los impuestos a los medios sociales tienen sentido?

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