Una presión que ya es global, identificar a todos digitalmente

Los sistemas de identidad digital tienen la finalidad de combatir un problema que para los Gobiernos es relevante: se estima que 1100 millones de personas en el mundo carecen de cualquier forma de identificación legal. Estas personas no identificadas están en riesgo de quedar excluidas de varios servicios gubernamentales y, a la vez, complican la certidumbre de las estadísticas poblacionales.

Las Naciones Unidas reconoce este problema en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible donde ha pedido que se “ofrezca una identidad legal a todos” para el año 2030.

Esta necesidad general de identificación legal a todos se traduce en un llamado para que se instalen sistemas biométricos de identificación digital para fines múltiples, en desmedro de las identificaciones físicas.

Por ejemplo, la Iniciativa de Identificación para el Desarrollo del Banco Mundial exhorta a los países en desarrollo a «dar el salto» para que hayan documentos de identificación que sean biométricos y digitales que ayuden a limitar el fraude y aumentar la eficiencia. Sin embargo, este salto trae consigo nuevas preocupaciones de privacidad de datos, y no debería ser aceptado sin cuestionamientos.

Normalmente, los sistemas de identificación digital unen múltiples partes de datos de una persona, que pueden incluir dirección domiciliaria, condición de ciudadanía, estado civil, información financiera y, a veces, su “biometría” (una foto, huellas digitales, escaneo de iris y hasta ADN). Esta información se puede usar para cualquier cosa, desde recaudar pagos de impuestos, asignar subsidios de comida a autenticar la identidad de un votante. Estos sistemas pueden usar tarjetas inteligentes con chips que contienen datos biométricos o un número único de identificación para quienes usan identificación y autenticación en teléfonos móviles. Las oportunidades potenciales de enlace que hay dentro de estos sistemas crean una poderosa herramienta para la vigilancia masiva.

En la práctica, muchos de estos sistemas no han estado a la altura de lo que aspiran ofrecer. A menudo son creados y administrados por empresas privadas que tienen contratos gubernamentales sospechosos y que ofrecen a las personas pocas opciones para poder identificar problemas o reclamar por errores, si es que los ofrecen. Las consecuencias que tienen sistemas como estos pueden ser nefastas, sobre todo para poblaciones que están marginadas o que son vulnerables.

India usa un sistema de identificación llamado Aadhaar que ahora es un prerrequisito obligatorio para acceder a servicios y beneficios públicos esenciales como educación, atención de salud y subsidios alimentarios. Pero los errores y las fallas técnicos del sistema han impedido que algunos indios accedan a algunos recursos que son vitales, tales como los subsidios alimentarios. Y, en múltiples incidentes, los datos privados de millones de titulares de tarjetas de Aadhaar se han filtrado en internet, lo que deja la información de identificación personal abierta para que se use incorrectamente y se perjudique a los usuarios.

En 2017, defensores de la sociedad civil enfrentaron el plan de Aadhaar en la Corte Suprema de India por razones de privacidad. Aunque la corte resolvió unánimemente apoyar las protecciones de seguridad como un derecho fundamental, el sistema de Aadhaar ha continuado sin interrupciones. Expertos en tecnología y políticas han trabajado para revelar los problemas de seguridad y privacidad en el sistema de Aadhaar, pero sus intentos no han sido bien recibidos por los funcionarios gubernamentales.

India no es el único país que ha visto una fuerte resistencia hacia un sistema nacional de identificación de parte de la sociedad civil. En Kenia, grupos de derechos humanos demandaron al Gobierno por su Sistema Nacional Integrado de Gestión de Identidad (NIIMS), que pronto será obligatorio, el cual estaba inicialmente diseñado para captar información de ADN de la gente, la ubicación de GPS de su casa, y otros más. La Corte Superior de Kenia suspendió en abril los componentes claves del plan, gracias a la acción de la sociedad civil.

Por otro lado, el programa de ciudadanía digital de Estonia ha recibido elogios por su accesibilidad, fuertes protecciones de seguridad (aunque no son infalibles) y una sólida integración con las agencias estatales. Está diseñado para que el control quede en manos de los usuarios y no en las autoridades de identificación ni en la entidad solicitante.

Si están correctamente implementados los sistemas de identificación pueden empoderar a poblaciones vulnerables y subrepresentadas, pero no está claro que los sistemas digitales (y sobre todo biométricos) sean necesariamente la mejor manera de emprender esto. Sin las protecciones adecuadas, las agencias estatales pueden usar estos sistemas para realizar vigilancia, hacer perfiles de votantes o excluir a algunas comunidades. Las empresas privadas podrán aprovechar la oportunidad de integrar distintas bases de datos, y afectar la privacidad, seguridad y vida en línea de las personas de formas que recién estamos empezando a entender.

Estos ejemplos deberían ser instructivos para los numeros Gobiernos nacionales que aún evalúan adoptar algún sistema de identificación nacional. Las iniciativas de investigación emergentes que busquen evaluar estos sistemas y sus efectos positivos y negativos en la vida de las personas serán fundamentales para trazar el camino a seguir. Para que los sistemas de identificación digital favorezcan el cumplimiento de las  normas constitucionales e internacionales de derechos humanos por parte de las comunidades, estos elementos deben estar integrados en su diseño e implementación desde el comienzo.